¿En qué consiste?
La ocupación ilegal de viviendas es uno de los problemas más importantes en la sociedad española de los últimos años. Era necesario una nueva normativa para equilibrar dos derechos enfrentados, los derechos de los propietarios frente a las situaciones de vulnerabilidad social que en ocasiones llevan a la ocupación de las viviendas.
Esta reforma normativa intenta generar un marco más estricto contra quienes ocupan inmuebles de forma ilegal, al tiempo que se refuerza la capacidad de actuación de las autoridades para resolver estos casos en plazos mucho más cortos.
¿Cuándo entra en vigor?
Ha entrado en vigor el 3 de abril del 2025. Con esta nueva normativa se intentará acabar con situaciones cada día más crecientes debido a la inexistencia de una respuesta judicial rápida, en la que los okupas se instalan en las viviendas y los propietarios se encuentran indefensos esperando a la resolución de procedimientos judiciales largos y costosos.
Nuevas medidas legales
- Juicios rápidos para los desalojos.
Uno de los cambios más significativos es la implementación de un procedimiento de juicio rápido para casos de usurpación y allanamiento de morada. Este proceso permitirá que los desalojos se lleven a cabo en un plazo máximo de 15 días.
Las diferencias entre estos dos conceptos son:
- Allanamiento de morada. Si se detecta en las primeras horas se debe avisar a la Policía, ya que se considera un ataque directo a tu intimidad y seguridad. Podrán actuar de inmediato en el caso de que los okupas lleven menos de 48 horas y haya pruebas del delito. Entonces los agentes podrán proceder a desalojar sin acudir a juicio.
- Usurpación de la vivienda. Cuando no es la vivienda habitual de una persona, pero sí es un edificio, local o inmueble que es titular de alguien que no ha dado el consentimiento. No es un delito tan grave, ya que no se considera un ataque a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, la Policía no puede actuar de inmediato y se tendrá que recurrir al juicio.
En ambos casos se debe acudir cuanto antes a la comisaría más cercana o al juzgado de guardia a presentar la denuncia para que inicien las actuaciones lo antes posible.
El desalojo tendrá lugar cuando se celebre el juicio, que es cuando se cuentan esos 15 días. Puede tardar un poco más por la falta de medios en los juzgados.
2. Concepto de vulnerabilidad.
Se aplica a aquellas personas con limitaciones económicas o circunstancias familiares especiales como hijos pequeños a cargo. La normativa vigente RDL 11/2020 impide el desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Pero en los casos que se produzcan desde la entrada en vigor de la nueva ley no se procederá a hacer estudio de vulnerabilidad al tratarse de un delito flagrante. Lo anteriormente dicho no se aplica a los arrendatarios que dejen de pagar el alquiler, en este caso los propietarios tendrán que acudir a un juicio de desahucio por falta de pago.
3. Penas más duras para los okupas.
Las sanciones pueden incluir multas elevadas e incluso penas de prisión de hasta tres años en situaciones agravadas.
4. Simplificación de medios probatorios.
Los propietarios ya no tendrán que enfrentarse a procesos largos y complicados para demostrar la titularidad de sus inmuebles ya que la normativa simplifica los medios probatorios que acrediten la propiedad.
Normativa
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficacia del Servicio Público de Justicia que modifica los art. 202 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
